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PASTOR PROTESTANTE ES ARRESTADO Y EXPULSADO POR RECHAZAR PARTICIPAR EN CEREMONIA CATÓLICA EN MÉXICO
PASTOR PROTESTANTE ES ARRESTADO Y EXPULSADO POR RECHAZAR PARTICIPAR EN CEREMONIA CATÓLICA EN MÉXICO

 PASTOR PROTESTANTE ES ARRESTADO Y EXPULSADO POR RECHAZAR PARTICIPAR EN CEREMONIA CATÓLICA EN MÉXICO


Un nuevo incidente de intolerancia religiosa ha impactado el sur de México, donde un pastor protestante fue arrestado durante varios días y luego echado de su comunidad por negarse a participar en rituales católicos en el estado de Oaxaca.


Este evento tuvo lugar el 15 de enero en la localidad de Santiago Malacatepec, en el municipio de San Juan Mazatlán, al este del estado. Allí, las autoridades locales exigieron al pastor Mariano Velásquez Martínez que encendiera velas, se arrodillara y orara ante una imagen de Santiago Apóstol, como parte de las festividades religiosas del lugar, según lo reportó la organización internacional de derechos humanos Christian Solidarity Worldwide (CSW).


Velásquez Martínez había aceptado anteriormente asumir un rol de liderazgo comunitario bajo la condición de que su participación se limitaría a ayudar con velas y flores para la celebración. No obstante, al rehusarse a realizar actos de veneración religiosa, un líder del festival presentó una reclamación ante las autoridades.


Arresto, expulsión y desplazamiento forzado


Según CSW, las autoridades del pueblo pasaron por alto los términos del acuerdo original y retuvieron al pastor durante cinco días. Después, fue atado con una cuerda y llevado ante una reunión de alrededor de 180 hombres, donde se declaró oficialmente su expulsión de la comunidad.


Las autoridades le obligaron a firmar un documento que formalizaba su desplazamiento forzado, sin proporcionarle una copia del mismo. La organización alertó que el pastor teme que el documento se utilice para presentar su salida como si fuera una decisión propia.


En la actualidad, el pastor, su esposa y su bebé de tres meses se encuentran temporalmente hospedados con familiares en la ciudad de Oaxaca.


Velásquez Martínez lideraba la iglesia Camino Nuevo y Vivo, que cuenta con unos 25 miembros, desde el desplazamiento forzado de su anterior pastor en 2023, lo que demuestra un patrón recurrente de persecución en la misma comunidad.


Un enfrentamiento entre tradición, ley y derechos humanos


Este caso se produce poco después de que el Congreso del Estado de Oaxaca aprobara, en septiembre, una ley contra el desplazamiento forzado, que establece penas de 10 a 18 años de cárcel y multas para los culpables. Así, Oaxaca se convirtió en el quinto estado de México en adoptar esta legislación, junto con Chiapas, Guerrero, Sinaloa y Zacatecas.


Sin embargo, funcionarios locales informaron a CSW que hasta el 50% de los casos de desplazamiento forzado en Oaxaca estarían relacionados con la intolerancia religiosa.


El abogado Porfirio Flores Zúñiga, en representación de la Confraternidad de Pastores, pidió formalmente a la Fiscalía General de Justicia de Oaxaca y a la Secretaría de Gobierno estatal que se aplique la nueva ley a este caso. Además, presentó denuncias penales contra funcionarios locales por abuso de autoridad y arbitrariedad, así como una queja ante la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO).


Hasta el 19 de enero, no se habían llevado a cabo acciones concretas por parte de las autoridades, lo que, según Flores Zúñiga, demuestra una respuesta institucional inadecuada ante la intolerancia religiosa.


Libertad religiosa en conflicto con los “Usos y Costumbres”

La responsable de incidencia de CSW, Anna Lee Stangl, consideró que la arresto y el desplazamiento forzado del pastor junto a su familia son “inaceptables”, y alertó que este caso revela deficiencias estructurales del gobierno mexicano en la defensa de los derechos fundamentales.


Stangl indicó que, aunque la Constitución de México reconoce el sistema de "Usos y Costumbres" para mantener la identidad cultural y los sistemas de gobierno indígena, estas costumbres suelen chocar con los derechos humanos que la misma Constitución y los tratados internacionales que México ha firmado garantizan. 



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