ALARMANTE: Una propuesta legislativa en Corea del Sur podría permitir el cierre y la eliminación de las iglesias.
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ALARMANTE: Una propuesta legislativa en Corea del Sur podría permitir el cierre y la eliminación de las iglesias.
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Un discusión legislativa en Corea del Sur ha generado inquietud entre líderes cristianos y defensores de derechos civiles por una iniciativa que permitiría al Estado comenzar procedimientos para disolver organizaciones religiosas, incluidas iglesias. Este asunto ha cobrado relevancia en el contexto de indagaciones acerca de grupos religiosos y sus conexiones políticas, sin embargo, los opositores advierten que esta acción podría dar pie a abusos y a un control gubernamental sobre la religión.
El portal Bitter Winter resalta que Corea del Sur tiene una de las comunidades cristianas más grandes del continente asiático y señala que aproximadamente un 33% de su población se identifica como cristiana, de acuerdo con el Pew Research Center. En este marco, cualquier modificación legal que impacte a las organizaciones religiosas genera preocupación acerca de su influencia social y espiritual. Según lo comentado, legisladores surcoreanos están debatiendo reformas que permitirían la revocación de licencias o incluso la disolución de organizaciones religiosas en determinadas circunstancias. La razón oficial que se menciona sugiere que la legislación vigente permite anular la licencia de una entidad sin fines de lucro cuando "lleva a cabo actividades fuera de su propósito declarado, infringe las condiciones de su licencia o participa en acciones perjudiciales al interés público".
No obstante, Bitter Winter cuestiona esta perspectiva y argumenta que podría tratarse de “una declaración con buenas intenciones que oculta un plan para una intervención gubernamental sin precedentes en la esfera religiosa”. Más claramente, advirtieron que la modificación se transformaría en “una herramienta para disolver iglesias de manera arbitraria, llevar a cabo registros sin autorización judicial y confiscar sus propiedades”.
Otro aspecto delicado es la relación con la Constitución de Corea del Sur, que garantiza la libertad religiosa y la separación entre la religión y el Estado. Por ello, el artículo señala que expertos legales consideran probable que una ley así enfrente desafíos legales si es aprobada o aplicada de manera amplia.
En una reunión del gabinete "el pasado diciembre", el presidente Lee Jae Myung (caracterizado como de centro-izquierda) afirmó que las organizaciones religiosas deben ser disueltas si "participan en actividades que infringen la Constitución y las leyes". También indicó que el Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo tendría la autoridad para iniciar esos procedimientos, aunque los tribunales serían los responsables de la decisión final.
El debate se vincula a un contexto regional más amplio: el artículo hace mención al caso de Japón, citado por el presidente Lee, donde la disolución se decide a través de un juicio. Lee comparó este modelo con el surcoreano al señalar: “En Japón parecen solicitar al tribunal la disolución, pero, en nuestro caso, es la autoridad competente la que decide”.
Como ejemplo, Bitter Winter recordó que el 25 de marzo de 2025, un tribunal de Tokio ordenó la disolución de la Federación Familiar para la Paz Mundial y la Unificación (Iglesia de la Unificación) tras una solicitud del gobierno japonés, despojándola de su estatus legal religioso y sus beneficios fiscales. Según el artículo, la AP informó que el proceso se aceleró debido a investigaciones y críticas sobre prácticas de recolección consideradas abusivas y por el caso del asesinato del ex primer ministro Shinzo Abe, que atrajo la atención sobre las conexiones entre políticos y el grupo.
También se mencionó que las modificaciones sugeridas aumentarían la capacidad del gobierno para exigir informes financieros y operativos sin previo aviso. Según su evaluación, esto podría generar "una carga continua de cumplimiento" y hacer que cualquier iglesia que no actúe rápidamente sea vista como "no cooperativa o sospechosa". Las expresiones utilizadas para justificar las revocaciones —como “violó la separación entre religión y Estado” o “perjudicó el interés público”— serían tan amplias que podrían aplicarse a opiniones públicas comunes. Bitter Winter señala que “un pastor que critica una política del gobierno… o un obispo católico que habla sobre derechos humanos” podría ser acusado de estar involucrado en la política, y advierte: “Las acciones de una sola persona podrían provocar que el Estado disuelva a un grupo religioso completo”.
La libertad religiosa se defiende con leyes justas, pero también requiere de una iglesia que practique su fe con honestidad y entendimiento. Cuando el Estado adquiere autoridad para controlar lo espiritual, el pueblo de Dios es llamado a estar alerta y a mantenerse firme sin perder la tranquilidad. “Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres” (Hechos 5:29).